martes, 17 de julio de 2012

Así que…ACTA.

Hace tiempo escribí en este mismo blog sobre lo que a mi gusto son causas de que la piratería ya sea física o digital se haya disparado de formas considerables (http://laguaridadedoctoroctopus.blogspot.mx/2011/11/comics-y-pirateria.html ). Casi se podría pensar que realicé una apología de este delito y es que no hay que negar que los tenedores de Propiedad Intelectual (PI) han caído en abusos en donde quien termina pagando los platos rotos es el leal comprador de material original.
La postura de los titulares de PI es “¿no quieres que el producto cueste mas caro o que los derechos sean temporales? No consumas piratería” lo cual es un contrasentido y un mensaje muy negativo: “por culpa del pirata tú pagas más”. Bonita forma de premiar la legalidad de los usuarios.

Hace unos días, México suscribió el ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement) la cual pretende ser una mejora a un tratado que ha estado en vigor en México desde el 30 de diciembre de 1994: el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (o TRIPS, por sus siglas en inglés) y el cual ya ha dejado sentir sus efectos en varios temas, y que a su vez, para efecto de Derechos de Autor, reconoce otros tratados, como el Convenio de Berna: una de las características de todos estos tratados es que van elevando la protección a derechos de PI al asumir los compromisos previamente establecidos sobre el tema.

Desde mi punto de vista, la firma de ACTA es un elemento positivo, ante un problema que se ha convertido en una generalidad: ahora los usuarios de Internet abusamos y procuramos el beneficio inmediato que significa descargar una canción, un libro y hasta una película completa en minutos. Bajo la idea de que la cultura no debe restringirse, nos estamos escudando para gozar, sin pagar un quinto, de obras que en ocasiones ni siquiera se han terminado de difundir por vez primera. Si la generalización de la piratería la causó los abusos de la industria, ACTA es la respuesta ante el abuso de los consumidores.
 No ahondaré en cifras ni en las razones que tuvo el IMPI para firmar (http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/3388/4/IMPI_010_2012.pdf ), pero es evidente que el problema ha rebasado a la autoridad.

Siendo un Tratado diseñado para insertarse en los tratados de libre comercio de mercaderías, ACTA contiene una serie de disposiciones relativas al paso de mercancías infractoras en frontera; al intercambio de información valiosa entre países firmantes; al pago de daños y perjuicios a los titulares de derechos, etc.; en ese sentido, ACTA no deja de perseguir la piratería física de PI, pero es evidente que su elemento mas trascendente (o al menos el que amplía de forma significativa la protección en nuestro país) es la Sección 5, la cual en su totalidad se refiere a la observancia de derechos de PI en el entorno digital, para lo cual establece procedimientos de observancia Civil y Penal que “permita la adopción de medidas eficaces en contra de cualquier infracción en el entorno digital”, (párrafo 1) incluyendo la cooperación entre países (párrafo 3).

Probablemente las disposiciones más controvertidas son aquellas contenidas en los párrafos 4 a 7:

El 4 establece que los países podrán dotar a sus autoridades en la materia para que requieran al proveedor de servicios de Internet que divulgue información sobre un suscriptor del servicio “cuya cuenta se presume fue utilizada para comente una infracción”. Actualmente, uno de los puntos flacos de la protección es precisamente este: el infractor está protegido por un entorno de privacidad, que constituye uno de los derechos fundamentales del ser humano. La misma sección está limitada a evitar “la creación de obstáculos para actividades legítimas”: prácticamente toda legislación en materia de Derechos de Autor permite las citas y los extractos de obras protegidas, por ejemplo.

El párrafo 5 permite la protección a los candados que las disqueras y distribuidoras de películas colocan al material a efecto de evitar la copia pirata o el uso permanente de una obra licenciada de manera temporal. Esta fracción contradice por tanto uno de los principios reconocidos por los Derechos de Autor: el derecho a la copia que tiene el usuario legítimo. No es coincidencia que ahora Blu Rays y DVD’s contengan una “copia digital”: las distribuidoras saben que cada venta de producto legítimo da derecho a un tanto más.

El párrafo 6 impide la comercialización de dispositivos para destruir los candados, mientras que la 7 penaliza a aquellas personas que supriman o alteren cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos de PI.

Los párrafos antes mencionados no entran en vigor únicamente con la firma del tratado: nos encontramos ante un marco que habrá que aterrizar con legislación común. Surgen dudas como ¿de qué manera solicitará el IMPI la información a los proveedores del servicio de internet? ¿Qué sucederá si el proveedor del servicio (o el infractor) se encuentran ubicados fuera de territorio firmante?, ¿se resarcirá el daño si el presunto infractor investigado en su domicilio resulta ser inocente? ¿a quién se perseguirá cuando una cuenta sea utilizada por diversos usuarios?, etc.

Son preguntas que tal vez tengan respuesta clara en otras legislaciones, pero que en México representan un problema difícil de salvar. Pero tal vez la gran pregunta sin resolver sigue siendo la misma desde hace años: ¿cuál será la legislación y las disposiciones que permitan ubicar y perseguir no al pequeño y mediano infractor, sino al pirata a mayor escala?

Hasta ahora toda legislación ha sido un paliativo ante un problema que sabe los puntos débiles de la autoridad. ACTA pareciera ser otro paliativo no muy distinto.